El intrusismo no solo perjudica laboralmente. Cada vez que se toca el tema, ahí ponen el acento los afectados económicamente por quienes ejercen una práctica profesional sin contar con la acreditación necesaria.

Uno de los colectivos más afectados en el ámbito sanitario es el de los fisioterapeutas, sector que de forma reiterada y cada cierto tiempo recuerda los riesgos que corre el cliente, y en este caso el paciente, si se pone en manos de personal no cualificado.

Para el colegio profesional constituye uno de los caballos de batalla, por la reiteración de los casos que, a menudo, reaparecen tras un tiempo. Aluden, entre otros argumentos, a la exigente formación universitaria, con conocimientos en el ámbito clínico, que han de superar los titulados en Fisioterapia.

A las llamadas de atención de los propios fisioterapeutas se han sumado organizaciones que reclaman mayor beligerancia a las Administraciones frente a lo que consideran un claro fraude a la sociedad no exento de peligros reales para la salud individual.

Las peticiones de unos y otros se dirigen a reclamar de los organismos responsables el impulso de actuaciones de control, en las que se sea especialmente estricto en los procesos para autorizar la apertura de centros o clínicas que ofrezcan servicios de fisioterapia. No es lo mismo ser masajista que fisioterapeuta, la diferencia radica en la formación. El primero no puede tratar patologías ni realizar procedimientos terapéuticos.

Además del peligro de obtener efectos no adecuados o incluso contraproducentes, los afectados pueden encontrarse desamparados en el caso de tener que presentar una reclamación, ya que los fisioterapeutas sí tienen que tener contratadas pólizas de responsabilidad civil para cubrir posibles riesgos. No sucede así en otras actividades que, en teoría, nunca deben entrar en el terreno terapéutico.

Además, los fisioterapeutas reclaman también que las autoridades incrementen las inspecciones y extremen las sanciones. En paralelo, las demandas apuntan a solicitar mayor contundencia y diligencia también a la Administración judicial a la hora de condenar este tipo de prácticas de intrusismo que a veces se desarrollan en centros sin autorización expresa e incluso en domicilios.

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